Es evidente que solo el anuncio del estudio de la fusión por ambas entidades va a acelerar operaciones similares entre el resto de los bancos que operan en el Estado español, lo que nos va a llevar a la tan deseada por algunos, concentración bancaria. Una concentración que de facto va a suponer la creación de un oligopolio bancario que va a controlar, en perjuicio claro de la ciudadanía, las condiciones y servicios financieros de todo el País. Servicios precarizados y recortados bastante ya para amplias capas de la población, bien por la incipiente digitalización, bien por la desbancarización de lo que denominamos “España vaciada”.
Precisamente contra esta precarización se hace más necesaria que nunca una banca pública que garantice unas condiciones financieras asequibles y unos servicios bancarios de calidad a la ciudadanía, independientemente de su edad, clase y/o ubicación. Banca pública que, tristemente con esta operación, el Estado, accionista mayoritario de Bankia, está renunciando a ella.
La experiencia nos dice que las fusiones persiguen, entre otras cosas, la reducción de costes, aprovechando las sinergias que estas generan. Eufemismo que esconde tras de sí, salvajes restructuraciones de plantillas que suponen la destrucción de miles de empleos, así como el cierre de un número muy importante de oficinas bancarias, que en muchos casos desbancarizan más el mundo rural.
Destrucción de empleo que grava seriamente las arcas del Estado, ya que esta se concreta únicamente mediante procedimientos de despido colectivo, amparados en una reforma laboral hecha a medida de los empresarios, que permite el uso de esta herramienta a empresas con miles de millones de beneficios y que le suponen un doble coste: 1) la pérdida de ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones y a Hacienda por IRPF y 2) el pago por parte del SEPE de, dado el salario medio del sector, prestaciones por desempleo, así como cotizaciones, máximas durante al menos dos años, a lo que hay que unir las exenciones fiscales aparejadas al despido.
A esto hay que añadir que estas grandes empresas lejos de aportar al SEPE, lo que están obligadas por la conocida “enmienda telefónica”, para los despidos de mayores de 50 años, finalmente en muchos casos se escapan al pago por incapacidad y/o inoperancia del Organismo Público que debiera garantizar estas aportaciones, velando así por los intereses de todos y todas.
Desde CGT creemos que estas reestructuraciones de plantilla deben correr totalmente a costa de la cuenta de resultados de las empresas, utilizando para ello la figura de la prejubilación a partir de determinada edad, exonerando con ello al Estado de sufragar coste alguno, garantizándole así los ingresos por cotizaciones e impuestos en unos momentos en donde todo el dinero público es necesario para construir lo que denominan “escudo social”. Es inasumible para la clase trabajadora que sea el Estado quien indirectamente rescate nuevamente al sector financiero.
Por otro lado, no podemos aceptar que este momento que vivimos de pandemia, donde están recortados seriamente derechos fundamentales que hacen que sindicalmente no podamos realizar nuestras funciones con todas las garantías constitucionales, sean utilizados en su favor por los grandes grupos empresariales para negociar en clara posición de ventaja.
